Lo que se controla, funciona

A la entrada de la cárcel Tramacua de Valledupar hay un letrero que dice: “Lo que se controla, funciona” y tiene razón.

El pasado 23 de mayo del año en trámite, la sala penal de la Corte Suprema de justicia, con ponencia del Magistrado Luis Antonio Hernández Becerra, decidió precluir la investigación formulada por un delegado ante ésta Institución de la Fiscalía General de la Nación.

La Corte se pronunció sobre el mediático caso del anterior defensor del Pueblo Jorge Armando Otalora Gómez, por la denuncia presentada por la señora Astrid Helena Cristancho, el 28 de enero de 2016, quien trabajada en la defensoría del pueblo como secretaria privada del despacho del defensor.

Astrid Helena presentó denuncia por considerar que había sido víctima de acceso sexual con persona en incapacidad de resisir y acoso sexual.

La fiscalía preparó y desarrollo todo un plan metodológico que le permitiera tener claridad sobre los hechos, concluyendo que no pudo obtener ninguna prueba periférica que confirme el testimonio de la supuesta víctima quien, en la palestra pública había logrado que condenaran al entonces defensor del pueblo, llegando a la sede de la fiscalía vistiendo una camiseta con una frase estampada que haría carrera: “no, es no”.

La denunciante presentó argumentos tales como consentimiento viciado por el abuso del poder, temor insuperable a la figura de su jefe y necesidad de mantener su trabajo.

La supuesta víctima informó que existían otras mujeres víctimas de los mismos delitos, dando nombres y lugares, situación que a la postre resultó negada por todas las mujeres a las que llamaron a declarar.

Hasta este punto, lo que el material probatorio de la denuncia permitió establecer que la conducta es atípica y por lo tanto precluir.

Ahora, veamos la otra cara de la moneda, la de los alimentadores de noticias para subir rating, de los comunicares con ínfulas de jueces fiscales y actitud de adalides de la moral.

En la revista semana, Daniel Coronel, publicó: Además, tengo evidencias de que el doctor Otálora ha acosado y usado lenguaje sexualmente explícito, sugerente y vulgar con otras subalternas.

En W radio, María Isabel Rueda expreso: “El comportamiento del defensor despueblo no es digno de un ser humano, mucho menos de un defensor del pueblo, debe renunciar ya y presentarse ante las autoridades”.

En un derecho penal mediático, llega como agua para un sediento esta decisión del la CSJ, de la cual, leo textualmente un apartado de la preclusión: “estos temas lo comentaron los medios de comunicación y los opinares sacaron sus propias conclusiones con base en las versiones que obtuvieron en su momento. La corte no se referirá a ellos en cuanto corresponden a interpretaciones personales de información que recibieron y en tanto las fuentes consultadas igualmente ofrecieron su versión en ésta actuación. En consecuencia no hay dato adicional que pueda rescatarse de aquellas formas de control social informal. La opinión que allí se haya ofrecido, por lo demás, corresponde al fueron del periodista y sus particulares conclusiones que por su puesto no vinculan a la Corte” y resalto despidiéndome y deseándoles feliz fin de semana, corresponde al fueron del periodista y sus particulares conclusiones que por su puesto no vinculan a la Corte.